En 2023, Florida se convirtió en el primer estado en regular el uso de teléfonos celulares en las escuelas. Solo dos años después, la tendencia se ha expandido a la mitad de los estados del país, y se espera que más se sumen próximamente. Durante este año, legislaturas de estados tan variados como Nueva York y Oklahoma han impulsado rápidamente proyectos de ley que buscan limitar el uso de estos dispositivos, reflejando un consenso cada vez mayor sobre los efectos negativos de los celulares en los estudiantes. La representante Jennifer Leeper, demócrata de Connecticut, llegó a calificar los celulares como “un cáncer para nuestros niños”, señalando que fomentan el aislamiento y afectan tanto el aprendizaje como el bienestar socioemocional.

El apoyo a estas medidas es bipartidista. Por ejemplo, el republicano Scott Hilton, tras la aprobación de una ley en Georgia que prohíbe los teléfonos en niveles preescolares, primarios e intermedios, afirmó que se trata de una cuestión de salud mental y seguridad pública, más allá del ámbito académico. Actualmente, 25 estados han aprobado leyes para regular los celulares en las escuelas, mientras que otros ocho estados y el Distrito de Columbia han emitido recomendaciones o normas para los distritos escolares. De estos, 16 han legislado en 2025. En Alaska, los legisladores exigieron recientemente que las escuelas establezcan políticas sobre el tema, pese al veto inicial del gobernador.

Mientras que inicialmente Florida solo prohibió los celulares durante las clases, ahora está en consideración una ley que extendería la restricción a toda la jornada escolar en primarias y secundarias. Nueve estados y el Distrito de Columbia ya han implementado prohibiciones de este tipo, superando a los siete estados que solo restringen el uso durante el tiempo de instrucción.

El gobernador de Dakota del Norte, Kelly Armstrong, celebró la medida como “una gran victoria”, destacando el respaldo de maestros, padres y directores. Estas prohibiciones buscan evitar problemas de conducta fuera del aula, como la organización o grabación de peleas entre estudiantes. En estados con una fuerte tradición de autonomía escolar, como Maine, la tendencia ha sido dejar en manos de los distritos la creación de políticas sobre celulares, aunque se espera que estas sean restrictivas. En Wyoming, por ejemplo, el Senado rechazó una ley estatal, argumentando que padres y maestros deberían establecer las reglas.

Las leyes suelen contemplar excepciones, permitiendo el uso de dispositivos para necesidades médicas, educación especial, traducción o bajo indicación de un maestro. Algunas normativas incluyen casos particulares, como permitir relojes inteligentes siempre que no se usen para comunicarse. Una de las principales preocupaciones de los padres es la comunicación en situaciones de emergencia. Algunos han argumentado que, en casos como tiroteos escolares, los celulares son esenciales para mantenerse informados. Por ello, muchas leyes permiten el uso de teléfonos en emergencias, aunque la mayoría de los legisladores insisten en que el acceso solo sea posible una vez superado el peligro inmediato.

Entre los estudiantes, las opiniones están divididas. Algunos han defendido la necesidad de enseñar un uso responsable en lugar de prohibir completamente los dispositivos. Kaytlin Villescas, estudiante en Luisiana, promovió una petición para que las escuelas se enfoquen en la educación sobre el uso adecuado de los celulares.

Pocos estados han destinado fondos para facilitar la aplicación de estas leyes. Nueva York es una excepción, con una inversión de 13,5 millones de dólares para soluciones de almacenamiento de celulares. Sin embargo, la mayoría de los estados no han asignado recursos específicos, lo que complica la implementación de las nuevas políticas.

En resumen, la regulación del uso de celulares en las escuelas estadounidenses avanza con rapidez y genera un amplio debate entre legisladores, padres y estudiantes, mientras se busca equilibrar la seguridad, el bienestar y la autonomía escolar.