En horas de la tarde, una empinada vía de Soacha fue el escenario de un trágico suceso que ha generado indignación y cuestionamientos sobre la seguridad del transporte y la atención en salud. En el sector de Quintanares, Diana, una niña de 11 años, sufrió un fatídico accidente mientras se trasladaba en un bicitaxi junto a su madre.

Testigos relataron que el triciclo motorizado descendía a gran velocidad cuando el sistema de frenos falló súbitamente. Al escuchar del conductor que ya no era posible frenar, la menor, presa del pánico, decidió saltar del vehículo en movimiento, golpeándose gravemente la cabeza. Mientras la madre socorría a su hija, el conductor abandonó la escena, aunque posteriormente se entregó a las autoridades bajo presión de colegas; sin embargo, fue dejado en libertad por la ausencia de una denuncia formal en ese momento.

La familia de la menor ha denunciado públicamente demoras y fallas en la atención recibida tras el accidente. Luego del golpe, la niña llegó al Hospital Cardiovascular de Cundinamarca en estado crítico, pero —según relataron sus allegados— permaneció durante horas sin ser valorada adecuadamente, en parte debido a la exigencia de presentar el registro civil para ser admitida. Incluso después de presentar el documento requerido, la priorización fue insuficiente: la niña, con trauma craneal severo, aguardó mientras otros pacientes con cuadros menos urgentes eran atendidos primero.

Uno de los momentos más dolorosos fue cuando, pese al grave estado de Diana, se minimizó su situación y no se ordenaron estudios diagnósticos inmediatos. Según la tía, el personal médico insistió en que los signos vitales estaban estables y negó la solicitud de exámenes adicionales. Solo tras el deterioro notable y dos paros cardíacos se le practicó una tomografía, pero ya era demasiado tarde para revertir el daño. Diana fue intervenida de urgencia, pero falleció en la madrugada del lunes.

Los familiares de la menor no solo exigen una revisión exhaustiva por una posible negligencia médica, sino que también reclaman acciones legales contra el conductor del bicitaxi, a quien consideran responsable por lo sucedido. El caso ha reavivado el debate sobre la regulación del transporte informal en Soacha y la urgencia de garantizar atención médica oportuna y adecuada para todos, especialmente para los menores de edad.