El contrato en cuestión, identificado como No. 638 de 2013, fue otorgado a la empresa Green Patcher Colombia (GPC) por un valor de $11.822 millones de pesos. Este contrato tenía como propósito realizar trabajos de mantenimiento correctivo en la malla vial de Bogotá, utilizando el método de inyección a presión neumática para la repavimentación parcial de las vías.

La Corte Suprema de Justicia determinó que Gómez adjudicó el contrato a GPC sin cumplir los requisitos legales necesarios. En el proceso, se constató que evadió la licitación pública y seleccionó directamente a GPC como contratista, sin llevar a cabo una convocatoria adecuada. Esta decisión de la Corte Suprema de Justicia ratifica la condena previamente impuesta a María Gilma Gómez por su participación en irregularidades relacionadas con la contratación pública durante su gestión como directora de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial de Bogotá.