El próximo viernes marcará el inicio del nuevo mandato presidencial en Venezuela, cuando el congreso dominado por el partido oficialista lleve a cabo la ceremonia de juramentación para Nicolás Maduro. Esto ocurre en medio de serias dudas sobre la validez de los resultados de las elecciones realizadas el año pasado.

Se anticipa que Maduro asuma su tercer mandato de seis años rodeado de manifestaciones de sus seguidores, aunque no está claro si aquellos que votaron por su principal oponente, Edmundo González, también se manifestarán. González, quien afirmó haber ganado las elecciones del 28 de julio, se exilió en España en septiembre tras recibir una orden de arresto en su contra.

La toma de posesión permitirá a Maduro consolidar un conjunto de políticas que han ayudado a su gobierno a mitigar la escasez y la inflación que dominaron gran parte de su tiempo en el poder. Sin embargo, estas medidas han dejado de cumplir con las promesas socialistas proclamadas por él y su predecesor, lo que ha llevado a una erosión continua de la democracia en el país.

González ha manifestado su intención de regresar a Caracas el viernes, aunque no ha especificado cómo planea hacerlo ni cuáles serán sus acciones al llegar. Las incertidumbres en torno a quién debería ser juramentado como presidente se originan en la falta de transparencia del gobierno respecto a los resultados electorales. El Consejo Nacional Electoral, alineado con el partido gobernante, declaró a Maduro como ganador pocas horas después del cierre de las urnas. Sin embargo, a diferencia de elecciones anteriores, no se ofrecieron recuentos detallados de votos, alegando un hackeo en su sitio web.

Por otro lado, la oposición recopiló actas de escrutinio del 80% de las máquinas de votación y publicó los datos en línea, afirmando que estos indicaban que González había ganado con el doble de votos que Maduro. La presión internacional por la falta de transparencia llevó a Maduro a solicitar al tribunal supremo del país que auditara los resultados; sin embargo, este reafirmó la victoria del presidente sin proporcionar pruebas contundentes.

El gobierno suele organizar manifestaciones para mostrar apoyo a Maduro, y el mandatario ha instado a sus seguidores a salir a las calles el día de la juramentación. Sin embargo, no todos los que participen en estas marchas lo hacen por convicción; muchos empleados públicos y beneficiarios de programas estatales son presionados para asistir.

La posibilidad de protestas contra Maduro sigue siendo incierta debido a la represión post-electoral que ha llevado a la detención de más de 2.000 personas. Aunque algunos opositores han llamado a manifestarse, no está claro quién lideraría estas acciones. María Corina Machado, una figura destacada en la oposición, ha instado a sus seguidores a salir a protestar el jueves para exigir la renuncia de Maduro. “Maduro no se irá por su propia voluntad; debemos hacer que se marche con la fuerza del pueblo”, afirmó Machado en un video.

Se espera que asistan miembros de la Asamblea Nacional y aliados cercanos a Maduro durante la ceremonia. Sin embargo, es probable que la lista sea breve debido al aislamiento internacional del mandatario tras las críticas por la falta de transparencia electoral. La última inauguración presidencial de Maduro en 2019 contó con la presencia del presidente cubano Miguel Díaz-Canel y el entonces presidente boliviano Evo Morales. En esta ocasión, líderes como los presidentes de Colombia y Brasil han decidido no asistir y enviarán representantes en su lugar.

Aunque las escaseces alimentarias y la inflación han disminuido durante los años recientes bajo el gobierno de Maduro, la crisis económica del país persiste sin un final a la vista. Los venezolanos enfrentan salarios mínimos extremadamente bajos y precios elevados en alimentos, mientras que unos pocos privilegiados disfrutan beneficios económicos gracias a sus conexiones con el régimen.

A pesar del discurso socialista prometido por Hugo Chávez y continuado por Maduro, la desigualdad sigue creciendo. La economía dependiente del petróleo enfrenta múltiples desafíos como corrupción y falta de inversión privada. Antes de las elecciones, muchos votantes expresaron su deseo de emigrar si Maduro permanecía en el poder; ya más de 7,7 millones han dejado Venezuela buscando mejores oportunidades.