Tres grandes corporaciones francesas han sido señaladas en una base de datos creada por las Naciones Unidas en 2020, la cual identifica a empresas que, “directa o indirectamente, facilitaron la construcción y expansión de asentamientos israelíes, contribuyeron a su crecimiento o se beneficiaron de ellos”. Esta lista fue establecida por el Alto Consejo de Derechos Humanos en respuesta a una resolución aprobada en 2016 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La lista, que se enfoca en sectores específicos, fue actualizada por última vez en junio de 2023 y actualmente incluye 97 empresas, la mayoría de ellas israelíes.

Entre las empresas francesas mencionadas se encuentran Altice International, propietaria del operador telefónico SFR; Alstom, el segundo mayor constructor ferroviario a nivel mundial; y Egis, una firma especializada en ingeniería de construcción y operación de infraestructuras, en la cual la Caisse des Dépôts posee una participación del 34%.

El profesor Alain Pellet, emérito de la Universidad París-Nanterre y ex presidente de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, subraya la importancia de esta base de datos, afirmando que “cuando la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se pronuncia, se considera que es la ley. Por lo tanto, se trata de una opinión significativa que los tribunales franceses deberán tener en cuenta si se presentan demandas contra las empresas implicadas”.

Aunque estas corporaciones no están directamente sujetas al derecho internacional, pueden enfrentar demandas en tribunales nacionales bajo el principio del "deber de vigilancia". Este principio, establecido en la legislación francesa desde 2017 y reforzado por una directiva europea introducida en julio de 2023, exige que las grandes empresas aseguren que sus operaciones no violen los derechos humanos y respeten la protección del medio ambiente en todas las partes del mundo, incluyendo las prácticas de sus clientes y proveedores. El incumplimiento de estas normativas podría resultar en severas multas.

Philippe Valent, abogado penalista del Colegio de Abogados de París, explica que la CIJ insta a los Estados a adaptar su legislación para evitar la colonización y el mantenimiento del control sobre territorios ocupados. Para Europa, esto implicaría imponer normativas de cumplimiento más estrictas a las empresas y establecer un régimen de sanciones. Sin embargo, Valent señala que, en la actualidad, la probabilidad de que se adopten tales medidas es baja.