En los últimos años, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas han logrado recuperar al menos 12 cuerpos que, tras ser enviados a instituciones educativas para prácticas estudiantiles y experimentación, resultaron pertenecer a personas reportadas como desaparecidas por sus familiares. Estos hallazgos han puesto en evidencia una grave problemática en el manejo e identificación de cadáveres en México, especialmente aquellos que son transferidos a escuelas públicas y privadas sin haber sido plenamente identificados.

Entre 2018 y 2024, el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo) del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México entregó un total de 792 cuerpos a diferentes instituciones educativas. Sin embargo, la falta de identificación previa ha generado preocupación entre los familiares de personas desaparecidas, quienes temen que sus seres queridos puedan estar siendo utilizados para prácticas académicas sin su conocimiento o consentimiento.

Alejandra, integrante de uno de los colectivos reconocidos por el Gobierno, expresó: “No los identifican y los mandan a las escuelas, pueden ser nuestros familiares. Necesitamos saber quiénes son esas personas que están en las escuelas siendo estudiados”.

Los colectivos han solicitado a las autoridades la creación de un programa específico para identificar los cadáveres enviados a instituciones educativas. Aunque recientemente las autoridades han anunciado la implementación de nuevos programas de identificación, los activistas mantienen reservas, recordando que en el pasado se prometió que el uso de bancos de huellas digitales agilizaría los procesos, pero esto no se cumplió.

Un caso emblemático relatado por Alejandra es el de su colectivo, que el año pasado logró recuperar dos cuerpos enviados a universidades: una mujer reportada como desaparecida en 2020 y un hombre desaparecido en 2019. Además, otros colectivos han logrado la recuperación de al menos 10 cuerpos en circunstancias similares. Según información proporcionada por el Incifo, se han solicitado devoluciones de cuerpos a instituciones educativas tras ser identificados por familiares, y se estima que al menos 15 cuerpos han sido reclamados a la UNAM, una de las universidades que más recibe cuerpos del Incifo.

En respuesta a la presión social y a las denuncias de los colectivos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y el Incifo firmaron recientemente un convenio de colaboración para fortalecer la coordinación y optimizar el intercambio de información sobre personas fallecidas no identificadas. Entre los principales compromisos de este acuerdo destaca la creación de un Registro Único de Personas Fallecidas, que permitirá concentrar y comparar sistemáticamente toda la información disponible sobre cuerpos no identificados antes de su destino final.

El convenio también contempla la elaboración de un nuevo Protocolo de Necropsia con un enfoque multidisciplinario, el fortalecimiento de los procesos forenses y la implementación de un plan de recuperación de cuerpos inhumados en fosas comunes. La fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, enfatizó que ningún cuerpo será resguardado sin el cruce de huellas dactilares con el INE y sin la obtención de su perfil genético, con el objetivo de que ninguna familia se quede sin respuesta.

La problemática de los cuerpos no identificados enviados a instituciones educativas no es exclusiva de la Ciudad de México. A nivel nacional, se estima que al menos 969 cuerpos han sido donados por fiscalías estatales a universidades en las últimas dos décadas, con serias inconsistencias en los registros oficiales y la trazabilidad de estos cadáveres. En muchos casos, los familiares de personas desaparecidas han tenido que investigar por su cuenta si los restos de sus seres queridos terminaron en alguna facultad de medicina, debido a la falta de transparencia y coordinación entre las autoridades y las instituciones educativas.

La recuperación de cuerpos de personas desaparecidas que fueron enviados a escuelas para prácticas y experimentación ha evidenciado la urgencia de mejorar los procesos de identificación y la transparencia en la transferencia de cadáveres a instituciones educativas. Los recientes acuerdos entre autoridades buscan atender estas demandas, pero los colectivos y familiares de desaparecidos insisten en la necesidad de acciones concretas y resultados tangibles para evitar que más familias vivan la incertidumbre de no saber el destino de sus seres queridos.