La Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá denunció un incidente ocurrido en el alojamiento temporal del sector La Florida, en la localidad de Engativá, donde tres adolescentes del pueblo indígena Emberá fueron sometidos al uso del cepo, un método tradicional de sanción. Este hecho ha generado un fuerte rechazo por parte de las autoridades distritales, quienes lo calificaron como una grave violación a los derechos de los menores.

Según el comunicado oficial emitido por la Secretaría, esta práctica ancestral contraviene las normas constitucionales y legales de Colombia, entre ellas el artículo 44 de la Constitución Política, que prioriza los derechos de la niñez, y la Ley 2089 de 2021, que prohíbe cualquier forma de castigo físico o trato degradante hacia menores. Las adolescentes fueron inmovilizadas con el cepo dentro del asentamiento, lo que activó los protocolos institucionales de protección para garantizar su seguridad e integridad.

Aunque se reconoce que algunas prácticas tradicionales forman parte del ordenamiento cultural de ciertos pueblos indígenas, las autoridades enfatizaron que estas no pueden vulnerar los derechos fundamentales ni contradecir tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. En este sentido, la Alcaldía Mayor de Bogotá anunció que presentará una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación por posibles delitos relacionados con maltrato infantil, violencia intrafamiliar y limitación indebida de la libertad.

Además, se recordó a la comunidad Emberá que el predio donde se encuentran alojados es un bien fiscal del Distrito Capital y no cumple con los requisitos legales para aplicar la jurisdicción especial indígena. Las autoridades reiteraron su compromiso con la protección integral de los derechos de niños y adolescentes, subrayando que estos prevalecen sobre cualquier costumbre cultural o disciplinaria.

La administración distrital también activó mecanismos de alerta para prevenir futuros casos similares y garantizar la integridad de los menores en esta comunidad desplazada. Este incidente pone nuevamente en debate el equilibrio entre el respeto por las tradiciones culturales y el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.