El 2 de febrero, un hombre de 34 años se encontraba conduciendo junto a su primo Javier Vega, de 19 años, con destino a la ciudad portuaria de Guayaquil, una de las más afectadas por la violencia en Ecuador. De acuerdo con el expediente judicial, mientras avanzaba, a pesar de la restricción de circulación, el vehículo conducido por Velasco pasó sobre el pie de un militar. Según su testimonio, al intentar retroceder, chocó contra un vehículo policial, lo que desencadenó una serie de eventos violentos.

"En ese momento escuché un disparo, mi primo me llamó la atención... vi cómo su color cambió, se puso pálido", relató Velasco a los medios que pudieron acceder a él, quien actualmente está bajo arresto domiciliario acusado de ataque y resistencia. Continúa explicando que presenció cómo los uniformados sacaron a Javier del vehículo, lo golpearon y le pisaron la cabeza.

Incapacitado para seguir conduciendo debido a una herida de bala en su hombro, Velasco también terminó en el suelo, siendo pisoteado por los efectivos. Javier Vega, sin antecedentes penales, falleció un día después a causa de cuatro disparos que le provocaron graves lesiones en los pulmones, el estómago y la columna vertebral.

El Comité de Derechos Humanos (CDH) está respaldando a la familia en este caso, uno de varios que han surgido durante el estado de excepción declarado en Ecuador desde enero, que ha llevado a un aumento en las denuncias por presunto uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden.

Según organizaciones no gubernamentales, las denuncias de abusos militares se han multiplicado desde que el presidente Daniel Noboa declaró al país en "conflicto armado interno" y desplegó tropas para combatir a diversas organizaciones catalogadas como "terroristas". La Agencia France-Presse (AFP) examinó 18 videos que circularon en redes sociales entre el 11 de enero y el 4 de febrero en varias provincias del país. En al menos diez de estos videos, se evidencian abusos como golpizas durante el toque de queda nocturno. Dentro de las cárceles, se han registrado humillaciones y el lanzamiento de bombas de gas lacrimógeno cerca del rostro de presos semidesnudos y sometidos.

La madre de Javier Vega, Laura Ipanaque Baquerizo, está decidida a limpiar el nombre de su hijo, quien fue etiquetado como "terrorista" por las Fuerzas Armadas. La jueza encargada del caso ha ordenado a la Fiscalía investigar una posible extralimitación de funciones por parte de los militares.

El abogado Fernando Bastias, coordinador del CDH, ha destacado la complejidad de monitorear el uso desproporcionado de la fuerza fuera de las prisiones, que está ocurriendo en varios lugares y se percibe como normal debido al estado de excepción. Bastias acaba de denunciar en su cuenta en X la inconsistencia de la defensoría ecuatoriana y preguntó: “¿Cómo es que una ministra de Estado habla de vulneraciones a DDHH  en contexto de conflicto armado interno  y la siga sin pronunciarse?”.