En mayo de este año, un insólito error administrativo en Villa Mercedes, provincia de San Luis (Argentina), provocó la transferencia equivocada de 510 millones de pesos argentinos —equivalentes a unos 18 millones pesos colombianos— a la cuenta de Verónica Acosta, una mujer que esperaba apenas 8 mil pesos como cuota alimentaria (aproximadamente 29 mil pesos colombianos).

Al desconocer la procedencia del dinero, Acosta comenzó a gastarlo en productos de consumo como electrodomésticos, alimentos, un vehículo y remodelaciones para su hogar. También transfirió parte del monto a familiares, realizando más de 60 movimientos bancarios en poco tiempo.

El error fue detectado por el tesorero provincial, quien presentó la denuncia. A partir de entonces, el banco logró recuperar buena parte del monto, aunque las autoridades determinaron que Acosta aún conservaba unos 44 millones de pesos argentinos, aproximadamente 161 millones de pesos colombianos.

Como resultado de la investigación, Acosta y cinco allegados fueron arrestados, enfrentando cargos por estafa, defraudación y retención indebida. Más adelante recuperaron su libertad tras pagar una fianza individual de 5 millones de pesos argentinos, unos 18 millones de pesos colombianos.

La defensa argumenta que Acosta no actuó con intención criminal y que la medida fue desproporcionada. Según penalistas consultados por www.gercargo.com para conocer cómo se manejaría un caso similar en el contexto jurídico colombiano afirmaron que se tipifica como el delito de aprovechamiento de error ajeno, que contempla penas de 16 a 54 meses de prisión. Este delito se configura cuando alguien se apropia de dinero que recibió por error y lo utiliza o transfiere, tal como ocurrió en el caso argentino.

El experto explicó que solo podría haber una excepción si la cuenta del receptor tiene tal volumen de movimientos que haga difícil detectar un ingreso inusual. Sin embargo, este no era el caso de Acosta. “Ella esperaba una cifra muy inferior, por lo que sabía que el dinero no era suyo. Hubo intención clara de apropiación”, afirmó.

En el país, si una persona recibe dinero por error y lo utiliza sin devolverlo, podría enfrentar cargos por enriquecimiento sin causa o apropiación indebida, según lo establece el Código Penal. El enriquecimiento sin causa aplica cuando alguien se beneficia injustificadamente a costa de otra persona o entidad.

La apropiación indebida, regulada en los artículos 253 y 254 del Código Penal, se refiere a tomar bienes que le fueron confiados temporalmente con la obligación de devolverlos, como sucede en casos de depósitos o encargos. Las sanciones por este último delito oscilan entre 16 y 108 meses de prisión, además de multas que pueden alcanzar hasta 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Finalmente, la Constitución colombiana establece el principio de buena fe, lo que implica que, ante una consignación inesperada, lo correcto es no utilizar el dinero y reportarlo de inmediato a la entidad correspondiente.