A partir del próximo viernes 13 de diciembre, el impuesto del 4×1.000 en Colombia experimentará cambios significativos que, según las autoridades, tienen como objetivo mejorar las condiciones de los usuarios del sistema financiero nacional. Este ajuste también busca desincentivar el uso del efectivo en el país, un aspecto que ha sido señalado por Asobancaria como una de las motivaciones detrás de estas modificaciones.

Uno de los cambios más relevantes es que los usuarios ya no estarán limitados a tener exenta solo una cuenta del impuesto. A partir de la fecha mencionada, las cuentas de ahorro de ciertos usuarios quedarán libres del 4×1.000, siempre y cuando cumplan con requisitos específicos establecidos por la nueva normativa.

La regulación indica que las entidades financieras y cooperativas que administren cuentas de ahorro, depósitos electrónicos o tarjetas prepago deberán implementar un sistema de información que permita verificar, controlar y retener el Gravamen a los Movimientos Financieros (4×1.000). Esto implica que los usuarios podrán beneficiarse de la exención si sus transacciones mensuales no superan los 350 UVT (Unidad de Valor Tributario), lo que equivale a aproximadamente $16,4 millones.

Este cambio es significativo porque permite que los usuarios mantengan múltiples cuentas sin preocuparse por el cobro del impuesto, siempre y cuando las transacciones totales no excedan el límite mencionado. La medida busca fomentar la bancarización en Colombia, un objetivo reiterado tanto por el gobierno como por las instituciones financieras.

Sin embargo, el gobierno también ha reconocido que la eliminación o reducción del recaudo del 4×1.000 podría impactar las finanzas públicas. Por ello, se están explorando alternativas para compensar la pérdida de ingresos generados por este impuesto. Hasta el 12 de diciembre, aquellos interesados en beneficiarse de esta exención deberán comunicarse directamente con su entidad financiera para realizar los trámites necesarios. Este cambio representa un paso importante hacia una mayor inclusión financiera y una modernización del sistema tributario en Colombia.