Colombia sigue conmocionada tras el atentado sicarial contra Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial del partido Centro Democrático, ocurrido este sábado en el occidente de Bogotá. La Fiscalía confirmó la captura de un adolescente de 15 años, quien portaba un arma de fuego tipo Glock 9mm y sería el autor material del ataque.

Aunque su identidad ha circulado ampliamente en redes sociales y algunos medios, El Espectador se abstiene de divulgarla, respetando los derechos constitucionales que protegen a menores de edad. El joven permanece bajo custodia de la Policía Nacional y fue trasladado a un centro médico tras sufrir un impacto de bala en una pierna.

Expertos en derecho penal consultados explicaron los pasos judiciales que siguen. Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas, indicó que el menor deberá ser presentado ante un juez de control de garantías, quien legalizará su captura, escuchará la imputación de cargos y podría ordenar su internamiento preventivo. Este procedimiento debe realizarse dentro de las 36 horas posteriores a la detención, de lo contrario el joven podría quedar en libertad por vencimiento de términos.

La Fiscalía trabaja contra el reloj para presentar el caso, pero también enfrenta críticas por presuntas irregularidades. Videos compartidos en redes muestran al capturado en el suelo, indefenso, siendo agredido por civiles en presencia de la policía. Este hecho, junto con el disparo que habría recibido, podría poner en tela de juicio la legalidad del procedimiento.

Para la abogada penalista Sofía De Carvalho, el Estado enfrenta un desafío mayúsculo: aplicar justicia con garantías, sin caer en represalias. “El menor está involucrado en un delito gravísimo, pero sigue siendo un sujeto de protección especial. Si permitimos abusos, se debilita la legitimidad del sistema y se encubre a quienes realmente lo instrumentalizaron”, advirtió.

En paralelo, la Fiscalía alista un escrito de imputación y los argumentos para solicitar su privación preventiva de libertad. El proceso que enfrentará, aunque adaptado al sistema penal juvenil, guarda similitudes con el de los adultos. Según el penalista Iván Cancino, en todas las audiencias deben participar defensores legales y de familia. Aun así, la precariedad institucional es un reto: en Bogotá solo uno de los ocho jueces especializados en menores tendría la experiencia adecuada para manejar un caso de esta magnitud.

De ser privado de la libertad, el menor quedaría bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que ya ha activado los protocolos del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA). Se contempla su traslado a un Centro de Atención Especializada, aunque se evalúan otras opciones más seguras dada la gravedad del caso.

El Inpec confirmó que, por ley, el menor no puede ser enviado a cárceles ni estaciones policiales, por lo que el ICBF deberá garantizar su seguridad e integridad durante el proceso judicial. No obstante, fuentes dentro del sistema alertan sobre limitaciones estructurales del ICBF para manejar situaciones de alto riesgo como esta.

Respecto a la investigación, los penalistas subrayan que el joven podría colaborar con las autoridades a cambio de beneficios judiciales. De ser hallado responsable, enfrentaría entre 2 y 8 años de privación de la libertad, sin antecedentes penales permanentes, como lo establece la ley para menores.

Más allá de lo judicial, la abogada De Carvalho llama la atención sobre el trasfondo del caso: la posible utilización del menor por estructuras criminales. “Aquí no basta con capturar al autor material. Hay que saber quién lo reclutó, quién lo armó y quién dio la orden. Si no se identifican los autores intelectuales, se corre el riesgo de que el menor se convierta en el chivo expiatorio de una red mucho más compleja”, sostuvo.

La reflexión final es contundente: “El disparo fue la última parte de una cadena de omisiones del Estado. Antes del arma, hubo abandono. Antes del crimen, hubo exclusión. El adolescente debe responder por sus actos, sí, pero también debe ser rescatado. Porque si no lo hacemos, estaremos condenando no solo a él, sino a toda una generación vulnerable frente al crimen”.