Tres magistrados del Tribunal Superior de Medellín descubrieron que más de 30 tutelas, aparentemente falladas por ellos, nunca pasaron por su revisión. Aunque sus firmas aparecían en los documentos, no habían evaluado los casos. La situación fue denunciada ante la Fiscalía, señalando a Tatiana Alexandra Arroyave Baena, una funcionaria que, durante más de una década, se encargó de proyectar tutelas en el Tribunal. El 1 de septiembre, Arroyave asumió el cargo de juez en el despacho Catorce Penal Municipal de Medellín, un puesto que ahora se ve empañado por las acusaciones.

Según la denuncia, la funcionaria habría aprovechado su posición para firmar sin autorización más de 30 tutelas, algunas de ellas fuera de su competencia, incluyendo casos relacionados con menores de edad. La irregularidad salió a la luz cuando el magistrado Bustamante Hernández detectó que tutelas de 2023 aún no habían sido notificadas. Tras solicitar un informe, se reveló que varias decisiones salieron de los despachos sin revisión ni aprobación de los magistrados, pero con sus firmas escaneadas.

El informe de la Secretaría General evidenció que Arroyave habría falsificado 32 decisiones, insertando firmas sin el conocimiento de los magistrados y notificando resoluciones sin validez. Los magistrados han solicitado a la Fiscalía una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de la funcionaria, que actualmente ejerce como juez de control de garantías y que al estallar el escándalo restringió sus sitios de redes sociales.