Mientras la nueva administración de Donald Trump se prepara para implementar una masiva operación de deportación de inmigrantes no autorizados, las autoridades federales están considerando la posibilidad de establecer un nuevo centro de detención para adultos inmigrantes en California. 

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está buscando instalaciones que puedan albergar entre 850 y 950 detenidos, concentrándose en áreas que se encuentren a dos horas de sus oficinas regionales en San Francisco. Esto incluye localidades como Sacramento, San José y Bakersfield, según un documento federal que detalla las posibles ubicaciones.

CalMatters fue el primero en informar sobre el interés de ICE en abrir este nuevo centro. La necesidad de expandir los centros de detención no es un fenómeno reciente; se remonta a antes de la elección de Trump. Los funcionarios comenzaron a recopilar información en agosto, poco después de que el presidente Biden endureciera las políticas para los solicitantes de asilo en la frontera con México. Además de California, ICE está evaluando nuevas instalaciones en Phoenix, El Paso y Seattle.

Richard Beam, portavoz de ICE, declaró que la agencia ha identificado una creciente necesidad de servicios de detención en el oeste de Estados Unidos. Los nuevos centros propuestos agregarían aproximadamente 3.800 camas disponibles, lo que representaría un aumento del 10% en el número actual de detenidos. Estos centros albergarían tanto a hombres como a mujeres con diferentes niveles de seguridad y podrían ubicarse en instalaciones públicas o privadas, incluidas cárceles del condado o prisiones con fines de lucro.

Actualmente, los centros existentes en California son administrados por empresas privadas. Trump ha prometido llevar a cabo la mayor operación de deportación en la historia del país, aunque aún no ha revelado cómo planea implementar o financiar esta iniciativa. Se estima que más de 11 millones de inmigrantes no autorizados residen en Estados Unidos, mientras que solo unas 38.000 personas están actualmente detenidas por ICE.

Los funcionarios electos en California se están preparando para hacer frente a las políticas migratorias del gobierno Trump. El fiscal general Rob Bonta recordó recientemente a las instituciones públicas sobre una ley estatal que limita la cooperación con los esfuerzos federales para hacer cumplir la ley migratoria. “Independientemente de quién esté en la Casa Blanca, California seguirá defendiendo sus valores”, afirmó Bonta. “No podemos permitir que la maquinaria de deportación genere una cultura de miedo que impida el acceso a servicios públicos esenciales para los inmigrantes”.

Este contexto refleja una creciente tensión entre las políticas federales y las iniciativas estatales, mientras California se posiciona como un baluarte contra las medidas más severas propuestas por la administración Trump.