En medio de un creciente brote de sarampión que afecta a varios estados, el estado de Idaho ha decidido poner fin a programas de vacunación financiados con fondos públicos para personas sin estatus migratorio legal. Esta decisión forma parte de una nueva ley firmada por el gobernador republicano Brad Little, que también elimina otros beneficios públicos dirigidos a inmigrantes indocumentados.

La normativa, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, contempla la eliminación de servicios como pruebas para enfermedades contagiosas, atención prenatal y postnatal, asesoramiento en crisis y asistencia alimentaria para menores. De acuerdo con analistas, Idaho sería el primer estado en implementar este tipo de restricciones desde que el expresidente Donald Trump ordenó intensificar la verificación de elegibilidad en programas públicos.

El senador estatal republicano Phil Hart, uno de los impulsores de la ley, explicó que aún se permitirán servicios médicos de emergencia y atención a recién nacidos estadounidenses, independientemente del estatus migratorio de sus padres. Sin embargo, precisó que el Estado no cubrirá servicios como vacunaciones o controles prenatales: “No se impide el acceso, simplemente el Estado dejará de pagarlo”.

Críticos de la medida advierten sobre el riesgo sanitario que representa limitar el acceso a servicios de salud preventiva en plena expansión del sarampión, especialmente cuando Texas ha reportado más de 500 casos. El senador republicano Jim Guthrie expresó a los medios internacionales su preocupación por las consecuencias de esta ley: “Somos un estado pro-vida, pero negar atención prenatal pone en riesgo a los no nacidos”.

Organizaciones como el Instituto de Políticas de Migración han alertado que estas restricciones podrían generar temor incluso entre inmigrantes con residencia legal, afectando su disposición a acudir a centros de salud. “Cuando se pide información sobre el estatus migratorio, muchas personas se alejan de los servicios”, indicó Valerie Lacarte, analista de políticas de la entidad.

Centros de salud como Terry Reilly Health Services, que atiende a comunidades de bajos ingresos en el suroeste de Idaho, se enfrentan ahora al desafío de adaptarse a la nueva legislación sin dejar de atender a sus pacientes. “Estamos evaluando cómo seguir prestando nuestros servicios dentro del marco legal”, explicó Claudia Weathermon, vocera de la institución.

Aunque algunos programas sociales, como los del Banco de Alimentos de Idaho, no se verán directamente afectados debido a que funcionan con donaciones privadas, varios sectores económicos y religiosos han manifestado su rechazo a la nueva ley. Entre los opositores están la Diócesis Católica, asociaciones industriales y grupos como Mujeres Mormonas por un Gobierno Ético. Sin embargo, la legislación fue respaldada por la Fundación Idaho Freedom, un influyente grupo conservador con sede en el estado.