El asesinato del sacerdote católico Marcelo Pérez, un activista comprometido con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos en el sur de México, ha conmocionado al país. El domingo, después de oficiar una misa en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Pérez fue atacado a tiros por dos hombres armados que se desplazaban en motocicleta, según informó la Fiscalía General del Estado. El atentado ocurrió cuando el sacerdote se encontraba en su camioneta, poco después de concluir la ceremonia religiosa.

Pérez, de origen tsotsil, había dedicado dos décadas al sacerdocio y era ampliamente reconocido por su labor mediadora en conflictos sociales, políticos y agrarios en la región. Su activismo lo llevó a denunciar en repetidas ocasiones la falta de acción de las autoridades frente a la violencia y los abusos cometidos por el crimen organizado en comunidades como Simojovel y Pantelhó, donde trabajó incansablemente para fomentar la justicia y la paz.

La labor del religioso no estuvo exenta de riesgos. Desde 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le había otorgado medidas cautelares debido a las amenazas constantes en su contra. Sin embargo, a pesar de contar con estas medidas y de haber sido trasladado a San Cristóbal de las Casas para mayor seguridad, la protección resultó insuficiente, denunció la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en México. La entidad calificó el homicidio como "absolutamente inaceptable" y exigió una investigación exhaustiva que esclarezca los hechos y garantice justicia.

El asesinato de Pérez no es un hecho aislado. La situación en Chiapas ha empeorado en los últimos años, con un aumento significativo de la violencia debido a la disputa territorial entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco, que buscan el control de rutas de tráfico de armas, drogas y migrantes. Esta creciente inseguridad ha derivado en desplazamientos forzados, intimidaciones y enfrentamientos armados, afectando a diversas comunidades en el estado. El cardenal Felipe Arizmendi señaló que la muerte del sacerdote refleja "el clima de violencia que se ha desatado en Chiapas y en casi todo el país", y denunció la impunidad con la que operan los grupos criminales.

La Iglesia Católica y organizaciones sociales han manifestado su preocupación por la falta de seguridad para los sacerdotes que trabajan en zonas de alto riesgo. La Conferencia del Episcopado Mexicano urgió a los gobiernos locales y federal a implementar medidas efectivas que protejan a los religiosos. Por su parte, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, condenó el asesinato y aseguró que se colaborará con las autoridades para que los responsables sean llevados ante la justicia. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, garantizó que "no habrá impunidad".

Marcelo Pérez fue un defensor incansable de los derechos de los más vulnerables, especialmente de los pueblos originarios. En septiembre, apenas unas semanas antes de su muerte, había advertido en una entrevista sobre la delicada situación en Chiapas, afirmando que "es una bomba de tiempo" y solicitando a las autoridades que tomaran en serio la realidad de la región. Desde 2021, el sacerdote encabezó numerosas marchas y peregrinaciones por la paz, denunciando la escalada de violencia y el impacto devastador del crimen organizado.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en México ha registrado al menos siete asesinatos de activistas en el país en lo que va de 2024, lo que evidencia una crisis de derechos humanos que sigue cobrando vidas en medio de la inacción de las autoridades. El legado de Marcelo Pérez continúa siendo un recordatorio de la urgente necesidad de proteger a quienes arriesgan su vida por la justicia y la dignidad de los más desfavorecidos.