El gobierno del presidente Gustavo Petro ha logrado la aprobación de su controvertida reforma pensional tras varios debates en el Congreso. Con 88 votos a favor y 20 en contra, la iniciativa superó la plenaria de la Cámara de Representantes, tras una proposición que permitió su votación. Esta reforma, una de las más polémicas del Ejecutivo, ahora pasa a sanción presidencial y a revisión por parte de la Corte Constitucional.

La reacción política ha sido intensa y diversa. Jennifer Pedraza, congresista del partido Dignidad, advirtió que el proyecto tiene altas probabilidades de ser invalidado por la Corte Constitucional. Exhortó al Gobierno a no calificarlo como un "golpe blando" si esto ocurre, recordando que Petro, como congresista, se habría opuesto a un proceso tan apresurado.

Miguel Uribe, senador del Centro Democrático, también expresó su descontento, describiendo la aprobación como una "vergüenza para la democracia" y acusando al Congreso de aprobar la reforma sin un debate adecuado, a lo que se refirió como un "pupitrazo".

Juan Manuel Galán fue otro crítico vocal, señalando que el proyecto no fue debidamente debatido ni ilustrado en su totalidad ante la plenaria, lo que, según él, podría condenarlo constitucionalmente. Por otro lado, defensores del proyecto celebraron su aprobación. El congresista Alfredo Mondragón destacó que la decisión fue necesaria para evitar que la reforma fuera saboteada. Afirmó que, por primera vez en años, las reformas buscan beneficiar al pueblo colombiano en lugar de perjudicarlo.

La senadora María José Pizarro describió la decisión como histórica, celebrando el impacto positivo que tendrá para las generaciones presentes y futuras. Alejandro Toro, representante a la Cámara, subrayó que la reforma permitirá que el 80% de los colombianos accedan a una pensión vitalicia, mientras que el 20% restante recibirá un bono pensional.

Desde el partido Centro Democrático, la senadora Paola Holguín y otros miembros calificaron la aprobación como un atropello, criticando tanto el proceso como el contenido de la reforma. Anunciaron que presentarán una demanda de inconstitucionalidad, argumentando que la reforma incluye temas complejos que requieren un análisis más profundo.