Las autoridades de inmigración en Estados Unidos han abierto una consulta pública para recibir comentarios sobre una propuesta que busca recopilar los nombres de usuario en redes sociales de quienes soliciten beneficios migratorios, como tarjetas de residencia o ciudadanía. La medida responde a una orden ejecutiva emitida por el expresidente Donald Trump.  

El anuncio, realizado el 5 de marzo, ha generado inquietud entre defensores de los derechos de los inmigrantes y de la libertad de expresión, ya que amplía el monitoreo gubernamental a personas que ya han sido investigadas y se encuentran en el país de manera legal. Entre los afectados estarían solicitantes de asilo, residencia permanente y ciudadanía, no solo quienes buscan ingresar a Estados Unidos.  

El monitoreo de redes sociales por parte de las autoridades migratorias no es una práctica reciente. Este tipo de supervisión comenzó durante el segundo mandato de Barack Obama y se intensificó bajo la administración de Trump. El Departamento de Seguridad Nacional ha emitido un aviso para que el público comente, durante 60 días, su plan para implementar el decreto “Proteger a Estados Unidos de terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y pública”. Este plan establece “estándares uniformes de investigación” e incluye la recopilación de nombres de usuario en redes sociales para verificar la identidad de los solicitantes y evaluar posibles riesgos de seguridad nacional. Sin embargo, no contempla la recolección de contraseñas.  

La iniciativa requeriría que todas las personas que busquen beneficios migratorios, como ciudadanía, asilo o residencia, proporcionen sus identificadores en redes sociales. Los comentarios sobre la propuesta podrán enviarse hasta el 5 de mayo.  Actualmente, quienes solicitan visas de inmigrante o no inmigrante ya deben proporcionar esta información. Sin embargo, la nueva medida ampliaría el requisito a personas que llevan años en el país sin haber estado sujetas a esta norma. También afectaría a quienes ya han pasado por exhaustivas revisiones previas.  

Rachel Levinson-Waldman, del Brennan Center en la Universidad de Nueva York, advierte que esta política refuerza el uso de redes sociales en decisiones migratorias de alto impacto. También destaca que, en paralelo, el gobierno ha tomado otras medidas, como la revocación de visas a estudiantes por participar en protestas catalogadas como antisemitas o de apoyo a Hamás. 

Por su parte, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha señalado que este cambio fortalecería la detección de fraudes y contribuiría a la seguridad nacional. La agencia estima que la medida afectaría a unos 3,6 millones de personas.  El monitoreo de redes sociales por parte del gobierno estadounidense comenzó a incrementarse en 2014, bajo la administración de Obama. En 2015, el Departamento de Seguridad Nacional inició programas piloto para revisar manual y automáticamente las cuentas de ciertos solicitantes de ingreso al país.  

En 2017, el Departamento de Estado endureció la supervisión de solicitantes de visas, lo que generó críticas de organizaciones de derechos humanos, quienes consideraron la medida discriminatoria y perjudicial para la libertad de expresión. Para 2019, el gobierno ya exigía nombres de usuario en redes sociales a casi todos los extranjeros que solicitaban visas, lo que impactó a unos 15 millones de personas al año.