Cientos de inmigrantes que crecieron en Estados Unidos, tras ser traídos ilegalmente durante su infancia, se unieron el jueves a una manifestación frente a un tribunal federal en Nueva Orleans. Allí, tres jueces de la corte de apelaciones escucharon argumentos sobre la política del presidente Joe Biden que protege a estos individuos de la deportación.

La prolongada disputa legal en el Tribunal Federal de Apelaciones del 5to Circuito afecta a aproximadamente 535,000 personas que han construido sus vidas en Estados Unidos sin contar con la nacionalidad o residencia legal, viviendo con la constante amenaza de ser deportadas. Es probable que este caso termine en la Corte Suprema.

María Rocha Carrillo, de 37 años, quien viajó desde Nueva York para participar en la manifestación, expresó: “Vivo aquí. Trabajo aquí. Tengo una casa aquí.” Fue atraído a Estados Unidos a los tres años cuando su familia emigró desde México. Gracias al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), pudo obtener un certificado de docencia y construir una carrera en la educación.

Los opositores al DACA, liderados por Texas y otros ocho estados gobernados por republicanos, argumentan que los costos asociados con la atención médica y educación de los inmigrantes representan una carga financiera para los estados. Un punto clave en los argumentos presentados ante el panel de apelaciones es si Texas tiene fundamentos legales para interponer su demanda y si un juez de primera instancia en Texas tenía la autoridad para emitir una decisión a nivel nacional. Los defensores del DACA sostienen que Texas no ha demostrado que los costos mencionados son atribuibles a esta política.

Durante el interrogatorio al fiscal general adjunto de Texas, Joseph Mazzara, el juez Stephen Higginson cuestionó cómo un solo juez podría dictar que 22 estados que se benefician de las contribuciones de los "dreamers" deban expulsarlos del país. El juez Jerry Smith expresó dudas sobre la solidez jurídica de los argumentos presentados por Texas, señalando que no comprendía cómo podrían avanzar con su postura. A pesar de una decisión anterior del 5to Circuito que respaldaba los fundamentos legales de Texas, Boynton, quien representa al gobierno federal, argumentó que la Corte Suprema ha elevado el estándar para demostrar tales fundamentos.

No está claro cuándo el panel emitirá su decisión. El grupo está compuesto por jueces nominados por presidentes de diferentes partidos: Ronald Reagan, George W. Bush y Barack Obama. El DACA fue implementado por Obama en 2012 como respuesta a la falta de acción del Congreso para proporcionar una vía hacia la regularización del estatus migratorio para aquellos traídos a Estados Unidos durante su niñez. Desde entonces, ha sido objeto de años de litigios. Biden renovó el programa con la esperanza de obtener el respaldo judicial.

El juez federal Andrew Hanen dictó el año pasado que el poder ejecutivo había excedido sus funciones al establecer DACA y prohibió al gobierno aceptar nuevas solicitudes; Sin embargo, permitió que continuaran las solicitudes existentes durante las apelaciones. Boynton pidió a los jueces que mantuvieran esta política mientras se resuelven las apelaciones.

Fuera del tribunal, Wendy Reynoso, de 24 años y originaria de Guatemala, compartió su experiencia al llegar a Estados Unidos siendo niña. Su solicitud al DACA está actualmente en suspenso debido al litigio, lo que le impide trabajar como ingeniería mecánica tras graduarse.

Los defensores del DACA argumentan que el Congreso ha delegado al Departamento de Seguridad Nacional la autoridad para establecer políticas migratorias. Los estados demandantes incluyen Alabama, Arkansas, Luisiana, Nebraska, Carolina del Sur, Virginia Occidental, Kansas y Mississippi.

Entre sus aliados se encuentra el Immigration Reform Law Institute, cuyo director ejecutivo afirmó que el Congreso ha rechazado repetidamente legalizar a los beneficiarios del DACA y que ningún gobierno puede tomar esa decisión en su lugar.