La Personería de Medellín advirtió, mediante un comunicado oficial emitido el pasado 9 de abril, sobre el aumento de deportaciones de ciudadanos colombianos provenientes de los Estados Unidos, lo que ha generado una creciente crisis migratoria en Medellín y su área metropolitana. Los deportados arriban al aeropuerto internacional José María Córdova, ubicado en Rionegro, Antioquia, que presta servicios a la capital antioqueña.

Según el reporte de la entidad, durante lo corrido del 2025 ya han aterrizado cinco vuelos procedentes de Norteamérica con ciudadanos repatriados, situación que ha puesto en evidencia una serie de falencias institucionales en la atención de estas personas. El personero distrital, Mefi Boset Rave Gómez, aseguró que esta situación obedece en parte a la falta de articulación entre las entidades responsables de la gestión migratoria a nivel nacional y las autoridades locales. En sus palabras, “la ausencia de coordinación ha desencadenado una crisis humanitaria que requiere una respuesta inmediata y concertada para garantizar los derechos de quienes regresan en condiciones de vulnerabilidad”.

La Personería también relacionó este fenómeno con recientes modificaciones en la política migratoria de los Estados Unidos y con el accionar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo cual ha incrementado las detenciones y expulsiones de personas consideradas inadmisibles en ese país. Esto ha despertado preocupación sobre el impacto social y económico que estas decisiones están generando en territorios receptores como Colombia. Hasta la fecha, el aeropuerto de Rionegro ha recibido al menos 152 personas deportadas. Muchas de ellas han llegado sin recursos, con antecedentes de amenazas por parte de grupos al margen de la ley o solicitando apoyo psicosocial debido al trauma del proceso migratorio.

La Personería de Medellín advirtió que el fenómeno ya se siente con fuerza en los municipios del Valle de Aburrá, y que la respuesta institucional no puede seguir postergándose. Además del impacto humanitario, alertaron sobre las repercusiones sociales y económicas que esto conlleva para la región.

Por tal motivo, el organismo de control hizo un llamado a diversas entidades como la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos del Distrito, el Departamento de Prosperidad Social en Antioquia, Migración Colombia y la Cancillería, solicitando información clara sobre los programas y estrategias vigentes para atender adecuadamente a esta población.

Finalmente, la Personería reiteró que entre el 80 % y el 90 % de los connacionales deportados no tienen a Antioquia como lugar de origen ni como destino final, lo que subraya la necesidad de una estrategia nacional articulada para enfrentar esta problemática de manera efectiva y con enfoque de derechos.