Una de las propuestas más polémicas del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro ha sido la eliminación del sistema de estratificación socioeconómica en Colombia. Aunque la iniciativa fue incluida en el documento oficial, su implementación aún no avanza, en gran parte porque implica un rediseño de la manera en que el Estado caracteriza a los hogares y asigna los subsidios.

Actualmente, los estratos (del 1 al 6) son la base para definir cuánto paga una familia por los servicios públicos domiciliarios y, en algunos casos, para acceder a beneficios sociales. Este esquema fue creado en 1994 mediante la Ley 142, con el propósito de que los hogares de mayores ingresos —estratos 5 y 6— asumieran un sobrecosto en sus facturas para subsidiar a los sectores más vulnerables.

Sin embargo, tres décadas después, el modelo empieza a mostrar sus limitaciones. Uno de los principales cuestionamientos es que el estrato se asigna según las características físicas de la vivienda y el barrio, pero no refleja necesariamente la capacidad económica real de quienes habitan allí. Así, no son pocos los pensionados, desempleados o familias en crisis financiera que viven en zonas catalogadas como “estrato alto”, pero no tienen los ingresos para asumir los cobros plenos de servicios públicos.

La pandemia del Covid-19 intensificó este debate. Miles de hogares con ingresos reducidos quedaron atrapados en un esquema rígido que no considera la pérdida de capacidad adquisitiva. De ahí surge la propuesta de reemplazar los estratos por un Registro Universal de Ingresos (RUI), alimentado con información del Sisbén y otras bases de datos, con el fin de focalizar mejor los subsidios y apoyar directamente a quienes lo necesitan, sin importar dónde vivan.

De ponerse en marcha, el cambio tendría impactos más allá de los recibos de agua, luz o gas. Podría afectar el mercado inmobiliario, ya que en Colombia los estratos se han convertido en un referente de valorización de propiedades y de planificación urbana. Un eventual desmonte obligaría a repensar la manera en que se diseñan los planes de desarrollo, las regulaciones de construcción y hasta la inversión privada en determinados barrios.

En el fondo, el debate gira en torno a una pregunta central: ¿es justo seguir usando la ubicación y apariencia de una vivienda como medida de riqueza? O, por el contrario, ¿es hora de dar un salto hacia un modelo más preciso que mida la capacidad de pago individual y familiar? Por ahora, el gobierno ha insistido en que la eliminación de los estratos no ocurrirá de forma inmediata, sino cuando el RUI esté consolidado. Aun así, el tema ya genera tensiones políticas y sociales, pues supone desmontar un esquema que, aunque imperfecto, ha funcionado como base de la redistribución de subsidios en las últimas tres décadas.